¿Sirve la escritura de propiedad como prueba para recuperar la posesión?

La distinción esencial es esta: acreditar la propiedad no equivale a demostrar todos los requisitos para obtener la entrega del inmueble. La utilidad de la escritura depende de su contenido, de lo que se reclame y de la controversia existente.

Qué acredita una escritura pública

El artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) delimita la fuerza probatoria de los documentos públicos: comprende el hecho, acto o estado de cosas documentado, la fecha de la documentación y la identidad de quienes intervienen, en los términos de la propia ley.

Por tanto, una escritura puede ser una pieza central para acreditar el título de propiedad invocado. Sin embargo, su valor debe examinarse atendiendo a qué acto recoge y qué se discute en el procedimiento. La regla sobre documentos públicos no convierte cualquier afirmación relacionada con el inmueble en un hecho irrebatible.

Propiedad y posesión: importa qué se pide al juzgado

Las vías de recuperación no son intercambiables. La escritura cumple una función distinta según se reclame por razón de la propiedad, por una relación arrendaticia, por precario o para proteger una posesión perdida o perturbada.

Reclamar el inmueble por razón de la propiedad

El artículo 348 del Código Civil reconoce al propietario acción contra el tenedor o poseedor para reivindicar la cosa. En esa pretensión, la escritura puede servir para acreditar el título invocado, pero la demanda también debe justificar los demás hechos relevantes para obtener la restitución.

La escritura no es una orden de entrega. Tampoco demuestra, por sí sola, que quien ocupa carezca de un arrendamiento, un usufructo u otro título vigente que le permita poseer.

Recuperar por arrendamiento o precario

La LEC contempla vías diferentes, entre ellas la recuperación por impago o expiración del arrendamiento y por precario. Aportar una escritura no sustituye la acreditación de la causa concreta en la que se funda la petición.

Pedir tutela sumaria de la posesión

La tutela sumaria de quien ha sido privado de la posesión o perturbado en su disfrute se centra en sus propios presupuestos posesorios. El dato de la propiedad no reemplaza la prueba de la posesión, el despojo o la perturbación que corresponda acreditar. Esta tutela no debe confundirse con una decisión definitiva sobre el dominio.

Qué otros hechos pueden necesitar prueba

Según las reglas de carga de la prueba de la LEC, cada parte debe probar los hechos de los que deriva el efecto jurídico que solicita. No existe una lista idéntica para todas las demandas, pero pueden ser relevantes:

• La identidad del inmueble: que el bien reclamado se corresponda con el descrito en el título.
• La situación posesoria: quién posee el inmueble y qué privación o perturbación se alega, cuando sea pertinente.
• La relación con quien lo ocupa: la existencia y situación de un contrato u otro título alegado.
• La causa de recuperación: los hechos específicos en que se apoye la acción elegida.

La escritura debe valorarse junto con el resto de la prueba y con la oposición que se formule. No permite concluir, sin más, que la ocupación sea ilegítima.

Nota procesal: la negociación previa no se exige igual en todas las acciones

El artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 establece, como regla general dentro de su ámbito, una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad en procesos declarativos civiles. No obstante, exceptúa expresamente la tutela sumaria de la tenencia o posesión por despojo o perturbación.

No debe trasladarse esa excepción automáticamente a una acción basada en la propiedad. La exigencia debe comprobarse según la pretensión concreta, las excepciones legales y la fecha de incoación, teniendo en cuenta el régimen transitorio de la ley para los procedimientos ya iniciados.