Contratar una empresa denominada «de desokupación» no está, por sí solo, prohibido de forma general por el marco penal consultado. La legalidad depende de lo que haga realmente: negociar de manera voluntaria no equivale automáticamente a coaccionar. El encargo privado tampoco concede facultades policiales ni autoriza a entrar en un domicilio ajeno o a ejecutar por cuenta propia un desalojo.
Esta conclusión se apoya en los límites establecidos por el Código Penal, la Constitución y la Ley de Seguridad Privada. No supone declarar legales o ilegales en bloque a estas empresas.
Negociación voluntaria y coacción: la diferencia está en los hechos
Una llamada, una comunicación o una propuesta de acuerdo no constituyen necesariamente un delito. Puede existir una negociación genuinamente voluntaria. Para valorar su legalidad hay que atender al contenido de la actuación, a cómo se desarrolla y a las circunstancias y pruebas disponibles.
El artículo 172 del Código Penal tipifica la conducta de quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otra persona con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o la obliga a hacer lo que no quiere. Por eso, presentar una actuación como «negociación» no basta para excluir una posible coacción, del mismo modo que contactar con los ocupantes no basta para afirmarla.
El objetivo de recuperar un inmueble no justifica cualquier medio. La denominación comercial de la empresa y el encargo del propietario no sustituyen el examen de las conductas concretas ni permiten descartar posibles responsabilidades penales.
El encargo del propietario no autoriza a entrar en un domicilio
El artículo 18.2 de la Constitución establece la inviolabilidad del domicilio: la entrada requiere consentimiento del titular del derecho domiciliario o resolución judicial, salvo flagrante delito. La propiedad del inmueble y la titularidad de la protección domiciliaria no deben confundirse.
Por tanto, ser propietario no convierte a la empresa contratada en una autoridad habilitada para entrar en el domicilio de otra persona. Determinar si el espacio constituye domicilio y quién puede consentir válidamente la entrada exige examinar las circunstancias.
En el mismo sentido, el artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que nadie puede entrar en el domicilio de una persona sin su consentimiento, salvo en los casos y formas previstos por las leyes. Un conflicto sobre la posesión no autoriza por sí solo una entrada privada forzosa.
La excepción constitucional de flagrante delito tampoco debe presumirse por la mera existencia de una ocupación o de una controversia posesoria.
¿Y si la empresa presta servicios de seguridad privada?
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada regula actividades y servicios sujetos a requisitos legales. Su aplicación depende de las funciones efectivamente ofrecidas y prestadas, no solo del nombre del servicio.
Contratar una empresa para intervenir en un conflicto posesorio no le atribuye competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni una facultad general para imponer la salida de los ocupantes. Tampoco permite sustituir a la autoridad competente en la ejecución de las medidas que correspondan.
Allanamiento, usurpación y conflicto posesorio no son equivalentes
No toda ocupación recibe la misma calificación jurídica. La distinción entre allanamiento de morada, usurpación y otros posibles supuestos depende de los hechos y de las características del inmueble, incluida su consideración como morada.
La Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado diferencia allanamiento y usurpación y fija criterios para solicitar medidas cautelares en el ámbito penal. Es una instrucción sobre la actuación del Ministerio Fiscal: no convierte cualquier conflicto posesorio en delito, no es una resolución judicial sobre un caso concreto y no autoriza a particulares a ejecutar medidas.
Conclusión: valorar la actuación, no la etiqueta
La contratación para una comunicación o negociación verdaderamente voluntaria puede ser lícita. Coaccionar o entrar ilícitamente en un domicilio plantea una cuestión distinta, que debe analizarse según sus elementos y pruebas. Un contrato privado no es una autorización de desalojo.
La recuperación de la posesión debe encauzarse por las vías legales que correspondan a los hechos, sin sustituirlas por actuaciones privadas de fuerza. Esta guía no determina qué procedimiento procede en un asunto particular ni califica penalmente a una empresa o a sus clientes.
Alcance y fuentes: guía general para España basada en la legislación estatal y los criterios oficiales enlazados. No se ha utilizado jurisprudencia específica sobre empresas o incidentes concretos.
Última consulta del expediente: 20 de octubre de 2026. Debe revisarse antes de publicar si cambia la normativa citada.
