La orden del lanzamiento anterior no debe darse por válida automáticamente para desalojar una ocupación posterior. Lo primero es comprobar si hubo entrega efectiva de la posesión y si la ejecución sigue pendiente o terminó. El contenido del título judicial y la situación de quienes ocupan condicionan la actuación que pueda solicitarse, conforme a las reglas de ejecución y entrega de inmuebles de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Primero: comprobar qué ocurrió en el lanzamiento
Antes de tratar el caso como una nueva ocupación, conviene obtener la diligencia o acta del lanzamiento y revisar qué quedó documentado sobre la entrega del inmueble. También debe comprobarse el estado formal del expediente: no es lo mismo una ejecución todavía pendiente que una entrega ya realizada seguida de una entrada posterior.
Revisar esas actuaciones es una recomendación práctica para valorar la vía adecuada; no significa que un acta concreta sea la única prueba admisible de la entrega. El marco de referencia está en los artículos 703 y 704 de la LEC.
- ¿Consta que se entregó efectivamente la posesión?
- ¿Qué incidencias quedaron reflejadas en la diligencia?
- ¿La ejecución continúa pendiente o consta terminada?
- ¿Quién ocupa ahora y qué título o justificación alega?
¿Puede actuarse en la ejecución anterior?
No hay una respuesta automática para todos los casos. La ejecución debe ajustarse al contenido del título. Para valorar una actuación en el expediente anterior importan, entre otros datos, que siga pendiente, lo que disponga la resolución y la identidad y situación de los ocupantes.
La LEC contempla un tratamiento específico de terceros ocupantes en la ejecución, incluida la notificación para que presenten en diez días los títulos que justifiquen su situación. Ese trámite no es un plazo general para recuperar cualquier vivienda reocupada ni permite extender sin más una diligencia anterior a cualquier nuevo ocupante. Así resulta del régimen de entrega de inmuebles y terceros ocupantes.
Vía civil y denuncia penal: no son intercambiables
Valoración de la vía civil
La revisión del título, de la entrega y del estado de la ejecución permite valorar si cabe pedir actuación en ese expediente o si debe plantearse una nueva pretensión posesoria. No debe presumirse que siempre basta con reutilizar la resolución anterior, pero tampoco que toda incidencia exige necesariamente empezar de nuevo. La valoración debe hacerse sobre el expediente concreto y las reglas de ejecución de la LEC.
Denuncia si los hechos pudieran ser delictivos
El Código Penal distingue el allanamiento de morada de la usurpación de un inmueble que no constituya morada. La condición de morada y los demás elementos del caso deben comprobarse: la ocupación, por sí sola, no permite asegurar qué delito concurre, ni siquiera que exista delito.
Si los hechos pudieran ser delictivos, pueden denunciarse ante la policía, el Ministerio Fiscal o el tribunal. Es prudente relatar hechos concretos y aportar la documentación disponible, sin anticipar una calificación penal definitiva. Según los artículos 264 y 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien denuncia no está obligado a probar los hechos ni a presentar querella. La denuncia no garantiza una recuperación inmediata de la posesión ni un resultado penal determinado.
¿Es obligatoria la negociación previa MASC?
La Ley Orgánica 1/2025 exceptúa del requisito general de negociación previa la tutela sumaria de la tenencia o posesión y la interposición de una demanda ejecutiva. La excepción no alcanza a cualquier demanda civil relacionada con una vivienda.
Estas previsiones entraron en vigor, con carácter general, el 3 de abril de 2025. Su disposición transitoria novena prevé su aplicación a procedimientos incoados después de la entrada en vigor; por ello, deben comprobarse tanto la pretensión concreta como la fecha del procedimiento.
Qué actuaciones evitar
No intente recuperar la vivienda mediante coacciones, cortes de suministros, una entrada por la fuerza o un cambio de cerradura sin habilitación legal. Tampoco encargue a un particular la expulsión de los ocupantes. La resolución anterior no debe utilizarse como autorización para un desalojo privado.
El punto de partida es revisar las actuaciones y obtener una valoración jurídica del caso para determinar qué petición corresponde formular ante la autoridad competente.
Información general sobre el marco estatal español, basada en las normas oficiales enlazadas. No sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.
