Sí, pero no en cualquier desahucio pendiente. El Real Decreto-ley 29/2026 contempla la aplicación de sus suspensiones a determinados procedimientos ya iniciados, incluidos ciertos asuntos con resolución dictada. Para las ejecuciones cubiertas por su disposición transitoria segunda, es necesario que el lanzamiento todavía no se haya practicado. Además, deben cumplirse los requisitos del apartado del artículo 2 que corresponda. Artículo 2 y disposición transitoria segunda.
Ámbito estatal. Referencia documental: 21 de octubre de 2026. Esta explicación se limita al artículo 2 y a la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 29/2026; antes de utilizarla debe comprobarse la vigencia de la norma.
Qué permite aplicar la suspensión a una ejecución en curso
La disposición transitoria segunda conecta la nueva regulación con determinadas ejecuciones que ya estaban en marcha cuando entró en vigor la norma. El Real Decreto-ley se publicó el 7 de octubre de 2026 y entró en vigor el 8 de octubre de 2026, según su disposición final undécima. Texto oficial y entrada en vigor.
La regla transitoria exige comprobar conjuntamente que:
- La ejecución estuviera en curso al entrar en vigor la norma.
- Derive de una resolución dictada en un procedimiento de los comprendidos en la remisión al artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- El lanzamiento no se hubiera practicado.
Por tanto, la fecha de presentación de la demanda no basta para resolver la cuestión: hay que identificar el procedimiento y su fase. La disposición transitoria no reabre automáticamente cualquier asunto anterior. Disposición transitoria segunda.
Los dos supuestos del artículo 2 tienen condiciones distintas
Demandantes comprendidos en el apartado 1
El artículo 2.1 establece, hasta el 31 de diciembre de 2030, una suspensión por auto para los supuestos en los que demanda una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones descritas por la norma. El propio apartado excluye determinados entes y entidades públicas: no comprende a cualquier empresa o propietario.
La persona demandada debe encontrarse en situación de vulnerabilidad y carecer de alternativa habitacional. La vulnerabilidad puede acreditarse mediante informe de servicios sociales o conforme a los criterios del artículo 441.7 LEC. Este apartado contempla la aplicación aunque hubiera existido una suspensión anterior y también después de una sentencia, decreto o auto que finalice el procedimiento o acuerde el lanzamiento, siempre que este aún no se haya ejecutado. Artículo 2.1.
Otros demandantes: apartado 2
El artículo 2.2 regula separadamente a los demandantes no incluidos en el apartado anterior, y solo cuando no resulte aplicable la enervación extraordinaria del artículo 5.Dos. Exige vulnerabilidad, falta de alternativa habitacional y que la Administración competente no la haya ofrecido.
En este supuesto, el tribunal solicita un informe sobre los recursos disponibles. Si no recibe respuesta o se informa de que no existen, la norma prevé la suspensión hasta que se adopten las medidas y se garantice una alternativa adecuada. También contempla procedimientos con resolución dictada si el lanzamiento no se ha ejecutado. No deben trasladarse a este apartado la duración ni los efectos propios del apartado 1. Artículo 2.2.
Qué datos del expediente hay que contrastar
- Fechas y fase procesal: demanda, resolución, situación de la ejecución al entrar en vigor la norma y si el lanzamiento ya se practicó.
- Identidad de la parte demandante: determina qué apartado debe examinarse.
- Vulnerabilidad y alternativa habitacional: documentación que las acredita conforme al supuesto aplicable.
- Actuación administrativa: en el apartado 2, oferta de alternativa e informe sobre recursos disponibles.
Estas comprobaciones permiten analizar el encaje en la regulación del artículo 2 y su disposición transitoria segunda; la mera existencia de un procedimiento pendiente no asegura la suspensión.
Norma de referencia y revisión de vigencia
El fundamento aquí analizado es el Real Decreto-ley 29/2026, no el Real Decreto-ley 26/2026. Este último fue derogado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 2 de octubre de 2026, publicado ese mismo día en el BOE. Esa resolución se refiere al texto anterior y no acredita el resultado parlamentario del Real Decreto-ley 29/2026. Resolución oficial de derogación del Real Decreto-ley 26/2026.
Antes de aplicar esta explicación a un expediente concreto, debe verificarse la vigencia del texto de referencia. El contenido es informativo y no sustituye el examen individual del procedimiento.
